A 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Secretaria de Asuntos Estudiantiles
5 de abril 2019
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La Red Interuniversitaria de DDHH, en su compromiso ineludible con el Estado de Derecho, la Democracia como forma de gobierno del pueblo argentino y la garantía de los DDHH, manifiesta su profunda preocupación frente a la política de seguridad del gobierno nacional que habilita la intervención directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior (Decreto 683/2018) y el uso abusivo y letal de las armas de fuego junto a la falta de control judicial sobre el accionar de las fuerzas de seguridad (Resolución 956/2018).

Uno de los desafíos de la reapertura democrática en 1983 fue la desarticulación de las Fuerzas Armadas como actor político y la redefinición del rol de los militares en el estado democrático. La continuidad del consenso básico en torno a la separación de las funciones entre defensa nacional y seguridad interior, fue uno de los rasgos sobresalientes que predominó hasta la actualidad y se sostuvo en las tres leyes sancionadas en períodos presidenciales de distinto signo político, la ley de Defensa Nacional en 1987, la ley de Seguridad Interior en 1992 y la ley de Inteligencia nacional en 2001.

Dicho consenso político-social fue reafirmado en 2006 a través del Decreto 727 del entonces presidente Néstor Kirchner, con la reglamentación de la Ley de Defensa Nacional 23.554 sancionada en 1987 que estableció como función específica de las Fuerzas Armadas el rechazo o la disuasión de “agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s”. La actual reforma permite que las mismas actúen en  “lo concerniente a los escenarios en los que se prevé el empleo del instrumento militar y a las disposiciones que definen el alcance de dicha intervención en Operaciones de Apoyo a la Seguridad Interior.”

Por primera vez desde el retorno democrático de 1983, las Fuerzas Armadas son re-establecidas en la función de represión interna. El acuerdo que había sido logrado socialmente y respetado por las fuerzas políticas de nuestro país por más de 35 años fue roto por el actual gobierno nacional, de manera inconsulta  y antidemocrática.

Este retorno de las Fuerzas Armadas a tareas de Seguridad Interior nos retrotrae a períodos trágicos y dolorosos de nuestra historia nacional. Durante el terrorismo de Estado y en todos los casos en los que los militares se desempeñaron en dichas tareas, estableciendo como enemigos a sectores de nuestro propio pueblo y sociedad, se han cometido violaciones a los derechos humanos, cercenándose libertades y garantías constitucionales básicas.

Nos preocupa este viraje en la política de Estado cuando asistimos a un complejo contexto social, caracterizado por la crisis económica que afecta particularmente a los sectores populares, la ola de despidos y la falta de empleo, el sobre endeudamiento nacional agravados por el acuerdo con el FMI y el ajuste presupuestario del Estado que afecta directamente al sistema universitario público.

Nos alarma el aumento de la violencia institucional que provoca la muerte violenta de jóvenes en nuestro país, en casos vinculados a la represión y al “Gatillo Fácil”. La desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado (28 años), y los asesinatos de Rafael Nahuel (22 años), Facundo Ferreira (12 años) e Ismael Ramírez (13 años), por mencionar sólo los casos de mayor repercusión social, ocurrieron en poco más de un año sin que el Estado asuma sus responsabilidades y obligaciones. Son esos jóvenes los que nuestras universidades quieren recibir en sus aulas, en sus bibliotecas y sus laboratorios, porque son parte de un país que necesita de su fuerza y vitalidad para forjar un futuro de desarrollo e inclusión.

La irrupción de la llamada “Doctrina Chocobar” y la reciente resolución que reglamenta el uso de armas de fuego para las fuerzas de seguridad federales provocó rápidamente la reacción pública de organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y sindicales, alarmadas por el incremento de la violencia institucional y el amparo estatal ante ella. Esta medida extiende la posibilidad de hacer uso de la fuerza letal y la justifica en diversas situaciones. Esto se agrava en el marco de la derogación del Programa de uso de la Fuerza y el debilitamiento de los controles internos y judiciales, contrariando los estándares internacionales en la materia y la Ley de Seguridad Interior.

Este cambio de perspectiva nos exhorta a tomar posición al respecto en salvaguarda de los derechos esenciales del pueblo argentino. Fuerzas Armadas y fuerzas de Seguridad comprometidas, honestas, democráticas y formadas en la perspectiva de los Derechos Humanos son esenciales para el funcionamiento del Estado y la garantía de nuestros legítimos derechos soberanos sobre el territorio nacional y sus recursos.

Por todo ello, al conmemorarse 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 100 años de la Reforma Universitaria, proceso social y cultural que impulsó a las universidades a defender las banderas de la autonomía, la libertad de pensamiento y el compromiso con nuestro país y la causa latinoamericanista, la Red Interuniversitaria de DDHH expresa enérgicamente su preocupación frente a lo que concebimos un avasallamiento a los derechos humanos y las garantías constitucionales.

Fuente: Red Interuniversitaria de DDHH