Como surge de los fundamentos del Anteproyecto de la Ley de Derechos Estudiantiles, estamos impulsando un instrumento legal que no solo proteja los derechos de los estudiantes universitarios de todo el país, sino que además sirva como guía para la construcción de una nueva Universidad al servicio del pueblo, en donde se preparen y formen profesionales, quienes el día de mañana retribuirán a la sociedad argentina todo lo que esta les proporcionó mediante el acceso a la educación superior pública y gratuita.
Los que impulsamos esta iniciativa identificamos una serie de oportunidades que se abrirían a partir de esta Campaña, que entendemos igualmente aprovechable para todas aquellas organizaciones políticas que pretendan incorporarse a esta batalla.
1) Aumentar el piso de organización de los estudiantes del sistema educativo público. Que asumamos conciencia actual e histórica del rol, función y desafío del estudiante argentino. De la importancia como sujeto de transformación. El protagonismo que hemos tenido, debemos tener y es necesario que hoy tengamos para mejorar nuestras condiciones y posibilidades de estudio. Que logremos una valoración positiva masiva de la participación política como vía de cambio.
2) “Imponer” una nueva forma de ser y hacer en nuestras instituciones educativas. Romper con las lógicas individualistas, la indeferencia y el conformismo. Promover el desarrollo de vínculos humanos, solidarios, comprometidos con los otros, con nuestro entorno y nuestro tiempo.
3) Incrementar los grados de legitimidad-adhesión de los estudiantes con nuestras propuestas de participación política. Sumar compañeros en las carrerras, facultades, universidades en dónde tenemos presencia.
4) Expandir nuestras propuestas de organización local/regional/nacional en otras unidades académicas. Utilizarlo como instrumento para darnos a conocer en distintos lugares del país.
5) Enriquecer nuestras plataformas. Aprovechar la campaña para diseñar, construir, generar actividades, políticas, espacios.
6) Encuadrar legalmente los derechos conquistados por región y/o institución con el objetivo de resguardarlos de voluntades políticas y/o cambios de gestiones.
7) Aumentar la matrícula de ingresantes y con ellos el potencial representativo de nuestras herramientas gremiales: “la masa a organizar”.
8) Obtención de financiamiento (vía presupuesto educativo) para las direcciones, prosecretarios y/o secretarias ligadas a nuestros órganos de representación (centros, federaciones) y vinculadas con las políticas educativas a las que de lugar la plena implementación de la ley (por ejemplo, Secretarías de Bienestar, Secretarias de Asuntos Estudiantiles).
9) Articular con autoridades (decanos, rectores, secretarios), agrupaciones estudiantiles, entidades gremiales, actores políticos (intendentes, concejales, legisladores, candidatos), en tanto potenciales beneficiarios y/o acreedores de derechos en caso de aprobarse la ley.
